La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió mantener en vigor las reformas a la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos de Coahuila, garantizando así el acceso y protección al derecho a la asistencia social para personas con trastornos mentales.
En sesión, un grupo de ministros de la Corte consideró necesario invalidar modificaciones a la citada legislación, porque no se llevó a cabo una consulta previa con personas con discapacidad, pero la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, ponente del asunto, señaló que de concretarse la invalidez quedarían desprotegidas las personas dependientes de quienes padecen trastornos mentales o que estén pasando por periodos de crisis, de angustia, de ansiedad o de estrés.
“Eliminar estas porciones normativas puede generar mayor perjuicio que beneficio, quizá la consulta no se lleve a cabo y ya dejamos afuera a personas con angustia, con estrés, deprimidas, a las que sí les urge y a las que les vendría bien la asistencia social.
“El legislador estaba hablando de trastornos mentales que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) también se refiere a estados asociados a una angustia considerable, no nada más de discapacidad funcional, a riesgos de conducta autolesiva y que pueden ser derivados temporalmente de situaciones alrededor de las personas”, puntualizó la Ministra.
Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek sostuvo que la obligación de consultar a las personas con discapacidad surge cuando la norma que se impugna sea susceptible de afectarles, “es decir, que incida en sus derechos, esto, con objeto de hacer efectiva la consulta y de hacer efectivo uno de los principios que subyace en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad”, dijo.
Ríos Farjat recordó el llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en beneficio de la salud mental pues en 2019, una de cada ocho personas en el mundo, lo que equivale a 970 millones de personas, padecían un trastorno mental.
Al término de la sesión, el Pleno de la Suprema Corte no logró los votos necesarios para validar o invalidar las disposiciones de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que la legislación se seguirá aplicando.
Con información Vanguardia.
