El pueblo más cercano a la ciudadela inca de Machu Picchu, el destino turístico más popular de Perú, se encuentra prácticamente desprovisto de visitantes debido a una manifestación de trabajadores. Estos empleados están demandando la revocación del contrato de venta subcontratada de boletos impuesto por el gobierno hace una década, lo que ha generado una disminución significativa en la afluencia de turistas en calles, hoteles y restaurantes locales.
“Parece la época de la pandemia del COVID-19, casi no se ve gente”, dijo Roger Monzón, un empleado de limpieza de 25 años del hotel Inkas Land del distrito de Machupicchu, quien estos días atiende el teléfono del edificio de 18 habitaciones que al momento sólo alberga a dos turistas de Portugal.
El servicio de tren ha sido suspendido hasta nuevo aviso por lo que los pocos turistas que persisten en ir, la mayoría jóvenes, salen de la ciudad de Cusco en automóviles que lo llevan 210 kilómetros, casi cinco horas, hasta una hidroeléctrica. Desde allí caminan dos horas para llegar al distrito de Machupicchu donde descansan. Luego caminan a la ciudadela de piedra por dos horas y media más.
Todo esto mientras los trabajadores y pequeños empresarios del sector del turismo del pueblo cercano a Machu Picchu realizan protestas desde hace siete días exigiendo también la renuncia de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, quien tercerizó la venta de las entradas a Machu Picchu que por más de 15 años estuvo en manos de un portal de internet de una entidad estatal que funciona en Cusco.
El gobierno entregó esta tarea a Joinnus, una plataforma de venta virtual de boletos que pertenece a uno de los grupos económicos más ricos de Perú. La ministra afirma que el uso de la plataforma privada busca una venta transparente de las entradas ya que se detectó un mercado de venta de boletos no registrados que en 2023 provocó una pérdida de 1,8 millones de dólares por entradas no reportadas por las oficinas estatales en Cusco.
Los grandes empresarios del turismo están de acuerdo con la medida, mientras cientos de pequeños operadores tienen desconfianza. Estos últimos creen que no hay forma legal de fiscalizar el resguardo de la confidencialidad de los datos personales que la plataforma Joinnus obtiene de los turistas —teléfonos, correos electrónicos y fecha de visita a la ciudadela— y que se podría trasladar esta información valiosa a algunas empresas turísticas que podrían ofrecer con anticipación servicios de hospedaje, comida y traslado a los turistas en perjuicio de la libre competencia y de los pequeños empresarios.
Cuatro países —Estados Unidos, Alemania, Francia y Brasil— han pedido a sus ciudadanos tener cuidado si visitan Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad desde 1983. “La comida se está acabando”, dijo el empleado de limpieza del hotel. El servicio de tren, en estos días inactivo, es el único medio que permite llevar alimentos y productos de primera necesidad al distrito de Machupicchu.
El turismo es la principal actividad económica en Cusco y más de 200,000 personas tienen empleos directos en el sector. En tiempos previos a las protestas ingresaban hasta 4,500 personas por día a Machu Picchu.
La protesta podría culminar el miércoles. La ministra, el gobernador de Cusco y el alcalde del distrito de Machupicchu se reunieron la noche del martes en la ciudad de Cusco y acordaron anular el contrato con la plataforma Joinnus y continuar vendiendo otros boletos de forma presencial. El alcalde debe retornar al distrito de Machupicchu y convencer a los manifestantes.
No hay cifras oficiales sobre las pérdidas en la primera semana de protestas, pero algunos gremios turísticos calculan los daños en unos 4,7 millones de dólares. “Las pérdidas incluyen a todos los sectores que están directamente vinculados al turismo como las agencias turísticas, los hoteles, los restaurantes, los guías turísticos, pero también los mercados, los taxistas y las comunidades campesinas”, dijo Elena González, presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco.
La líder gremial también indicó que muchos turistas europeos y estadounidenses, que durante estos meses eligen el destino de sus próximos viajes de vacaciones, están reorientando sus destinos y abandonando a Machu Picchu debido a las manifestaciones.
El historiador estadounidense Mark Rice, autor del libro “Destino Machu Picchu: La política del turismo en el Perú del siglo XX”, dijo a The Associated Press que en la primera mitad del siglo XX, cuando a muchos líderes peruanos no les interesaba la cultura andina, los cusqueños proponían que los turistas visitaran Cusco y sobre todo Machu Picchu. “Fue notable que los cusqueños insistieran en la dimensión global de Machu Picchu y de la cultura Inca”, indicó.
Rice —profesor en Baruch College, una universidad pública de Nueva York— recordó que por décadas ha existido una relación débil, marcada por la desconfianza, entre Cusco y el estado nacional, por “el control de los presupuestos y adónde se iban los beneficios del turismo”. En la actualidad “la mayoría de los cusqueños se encuentran excluidos de los sectores más lucrativos del turismo”, dijo Rice. Indicó que existe una paradoja con Machu Picchu: se ha convertido en el símbolo de Perú pero Cusco, donde se encuentra, “no controla su propia economía regional”.
La ciudadela de piedra fue construida en el siglo XV como santuario religioso, ceremonial, astronómico y agrícola durante el apogeo de la cultura Inca y se ubica en el sureste peruano a 2.490 metros de altitud, en una zona limítrofe llena de bosques, entre los Andes y la Amazonia.
Con información El Diario de Coahuila.
