AMLO quiere que nueva reforma electoral aplique en elecciones de este año

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La Presidencia de la República impugnó la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, de suspender la aplicación de la primera parte del «Plan B» de la reforma electoral, referente a la Ley General de Comunicación Social, en las elecciones del Estado de México y Coahuila, del próximo 4 de junio.

En recurso presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ante la Corte, la dependencia a cargo de María Estela Ríos González argumentó que la decisión “es un fraude y una violación a la Constitución”, pues consideran que no hay nada que demuestre alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales que justifique la no aplicación de las enmiendas.

Además, la Consejería argumentó que las normas expedidas por el Congreso de la Unión sólo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros y que el artículo 65 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional prohíbe que en la admisión de una acción de inconstitucionalidad se suspenda la norma cuestionada.

En un comunicado, la Consejería informó que “resulta preocupante que el ministro Alberto Pérez suspenda la aplicación de las leyes sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la supuesta existencia de alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados, como lo señala de forma dogmática en su determinación”.

El pasado 23 de febrero, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra los cambios hechos a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocidas como plan B electoral.

Además, el ministro otorgó una suspensión para que no sea aplicado en los procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila.

De acuerdo con un comunicado del alto tribunal, esta medida fue tomada debido a que estos cambios se realizaron durante el periodo de veda, en el cual la Constitución especifica que no se pueden realizar cambios en materia electoral.

Con información de Expansión Política.