El Senado mexicano aprobó este jueves por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo policial de carácter civil que no estará dirigido por las Fuerzas Armadas, al contrario de lo que pedía el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.
Con 127 votos en favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Cámara Alta aprobó el dictamen de reforma constitucional que debe permitir la creación de este organismo y que será llevada a la Cámara de Diputados para su ratificación.
De esta forma, el Senado alteró el proyecto de Guardia Nacional impulsado por López Obrador para acabar con la delincuencia, que consistía en un cuerpo de seguridad formado por la Policía Federal, el Ejército y la Marina bajo un mando militar, criticado por la oposición.
El dictamen consensuado esta madrugada por todos los grupos parlamentarios, prevé que el mando de la Guardia Nacional sea civil y que se rija por una doctrina policial en lugar de militar.
La participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional queda limitada a un período de transición máximo de cinco años y a partir de entonces deberán regresar a sus cuarteles.
Además, la norma establece que el presidente deberá informar anualmente al Senado de las actividades que realicen las Fuerzas Armadas, cuyas acciones estarán fiscalizadas.
Ningún miembro de la Guardia Nacional, tampoco los que provengan del Ejército, podrá ser juzgado por un tribunal militar, sino que estarán sujetos a la justicia civil, ni tampoco podrá usar armamento propio de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, el proyecto prevé respetar la soberanía de los estados mexicanos de manera que la Guardia Nacional no sustituirá las policías estatales y municipales, sino que servirá de apoyo para cuando los gobernadores lo soliciten.
Y se contemplarán protocolos para que la Guardia actúe de manera proporcional y con estricto respeto a los derechos humanos.
A primera hora de la mañana, representantes de todos los grupos del Senado, incluido el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunciaron el cierre de este acuerdo votado posteriormente en el pleno.
En su rueda de prensa matutina y tras conocerse el pacto, López Obrador dijo ser «respetuoso» de la decisión que tomen los senadores y los diputados, aunque reiteró su apoyo a que el Ejército y la Marina formen parte de la Guardia Nacional para poder formar a los policías.
«Yo sí necesito del apoyo del Ejército, porque tienen disciplina y profesionalismo y son 226.000 elementos, y es la institución que más infraestructura tiene en el país», aseguró el presidente.
Cuestionó si la oposición quiere que fracase la lucha contra la inseguridad. «¿Para eso es la oposición? Se me hace muy mezquino, porque, además, no me voy a dejar, soy perseverante. No voy a echarme para atrás», declaró.
Durante el debate en el pleno, los senadores coincidieron en calificar la jornada de histórica y en celebrar haber alcanzado un acuerdo de Estado entre todos los partidos.
El representante de Morena, Ricardo Monreal, defendió que el proyecto aprobado implica «una desmilitarización paulatina del sistema de seguridad pública».
A su vez, el senador Julen Rementería, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), celebró que habrá una Guardia Nacional «respetando los derechos humanos, respetando el carácter civil y protegiendo a las Fuerzas Armadas».
Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu dijo que «todos los partidos hicimos política no pensando en los partidos, sino pensando en el país».
El proyecto también fue apoyado por el Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el evangélico Encuentro Social (PES).
El proyecto inicial de una Guardia Nacional de carácter militar había sido criticado por la oposición y por organizaciones de derechos humanos.
Consideraban que este organismo perpetuaba la «militarización» del país, donde el Ejército está presente en las calles desde la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y ha sido acusado de cometer violaciones a los derechos humanos.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se impulsó la polémica Ley de Seguridad Interior que formalizaba la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública y que fue invalidada por la Suprema Corte.
