Ante el avance de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra los cambios hechos a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocidas como plan B electoral.
Además, el ministro otorgó una suspensión para que no sea aplicado en los procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila.
De acuerdo con un comunicado del alto tribunal, esta medida fue tomada debido a que estos cambios se realizaron durante el periodo de veda, en el cual la Constitución especifica que no se pueden realizar cambios en materia electoral.
Además, Pérez Dayán señaló que “de no concederse (la suspensión), la aplicación (de las normas impugnadas) podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”.
Estas normas fueron impugnadas por el PAN, el PRI, el PRD y MC, al igual que miembros del Congreso de la Unión.
Con esta decisión, la Suprema Corte deberá analizar las acciones de inconstitucionalidad 29/2023, 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 Y 47/2023, mismas que fueron presentadas en enero de este año.
En diciembre fueron aprobadas la LGCS y la Ley General de Responsabilidades a los Servidores Públicos, que son parte de las reformas con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca modificar las leyes electorales en el país.
Con los cambios a estas leyes, el Presidente buscó establecer que los estados y municipios no pueden dedicar más de 0.1 por ciento de su presupuesto anual a su programa de comunicación.
Además, los cambios hechos a esta norma modificaron el concepto de propaganda gubernamental, permitiendo que los funcionarios públicos expresen opiniones durante el proceso electoral sin ser sancionados.
Asimismo, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a finales de diciembre señala que el gasto público en propaganda gubernamental se deberá apegar a la austeridad que ha manejado la 4T.
Con información de El Financiero.
