En marzo de 2021, Diego acudió a denunciar que su ex esposa, Jessica «N», había aceptado el tener imágenes de él desnudo, y que estas las había mostrado a sus familiares. Tras un año de lucha legal, Diego es el primer hombre beneficiado por la Ley Olimpia tras haber sufrido la violación de su intimidad.
«Fue una lucha interna muy grande por que inicialmente todas las evidencias, todo lo que se fue mostrando, todo lo que se fue plasmando en este conflicto me vulneró al grado de tener que requerir apoyo psicológico, al grado de requerir mucha terapia, por que hasta la misma sociedad, a veces hasta personas cercanas me juzgaban por sentirme así, por este machismo que afecta tanto a hombres como a mujeres», señaló el afectado.
Señaló que fue doloroso llegar a presentar una denuncia y ser burla de las mismas autoridades, entre ellas de Derechos Humanos y del Centro de Empoderamiento del Hombre, por lo que busca sentar un precedente para que más hombres puedan levantar la voz.
Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia, donde se marcaron medidas cautelares, entre las que destacan no tener comunicación con el afectado, ni con las tres hijas de la pareja en relación al caso, con el fin de no ver comprometida su integridad emocional o psicológica.
Como parte de las pruebas probatorias, se tiene la declaración firmada ante el juzgado donde su ex pareja declaró que tomó dos fotografías de la computadora de Diego. Además, este material fue argumentado como parte del juicio por la custodia de las hijas de ambos, la cual fue dada a la mujer.
Este miércoles se realizará la segunda audiencia, en la que se decidirá si hay elementos suficientes para iniciar con un proceso judicial penal a la ex pareja de Diego.
Desde 2020, el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley Olimpia, que obtuvo su nombre debido a que fue impulsada por Olimpia Coral Melo, quien en su juventud sufrió de violencia digital por su expareja afectiva, el cual difundió un video de contenido sexual íntimo sin su previo consentimiento, por lo que inició una lucha de siete años para crear y promover una ley que penalizara estas acciones.
Con información de Milenio.
