En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para implementar cambios al Código Penal Federal en materia de derechos humanos a una vida libre de violencia. Se busca ancionar con pena privativa de dos a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien incurra en un matrimonio forzado de menores.
La iniciativa que presentó la diputada federal del PRI, Eufrosina Cruz Mendoza propone además de las penas señaladas en el artículo 209 Quáter que, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil federal.
Los supuestos que se resaltan en la propuesta son que comete un delito, toda persona que, mediante el uso de la fuerza física, engaño, privación de libertad u otra conducta ilícita o amenazas de actuar de ese modo, obligue a una menor de edad a contraer matrimonio.
También lo hace, el que ejerza la patria potestad, guarda y custodia, tutela, adopción, curatela, y utilice su influencia, amenace o engañe para forzarle a casarse sin su consentimiento, o quien abuse de una situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima y la entrega de pagos o beneficios para lograr el consentimiento.
En la exposición de motivos, la legisladora federal, expuso algunos casos como el de Lucía, mujer menor de un pueblo mixe de Oaxaca, quien fue vendida por su abuelo por la cantidad de cinco mil pesos y algunos cartones de cerveza.
Señala que las niñas y adolescentes de las regiones más pobres de México se ven mayormente afectadas por el matrimonio infantil y las uniones a temprana edad, tal es el caso de la región sur, conformada por los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en donde se ubican los tres estados con los índices de población en pobreza y pobreza extrema más elevados del país.
Con información de El Heraldo de México.
