La sentencia advierte que AMLO actuó ilegalmente al quitarle al SAT, sin reforma legal de por medio, las funciones de control aduanero.
La sentencia advierte que AMLO actuó ilegalmente al quitarle al SAT, sin reforma legal de por medio, las funciones de control aduanero para dárselas a una agencia creada por él mismo en 2021.
Fue el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el que declaró inconstitucional, el 12 de enero, el Reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), expedido por AMLO, pues el Congreso tenía que haber reformado la Ley del SAT para transferirle estas funciones al nuevo órgano, lo que no sucedió.
Esta sentencia sólo beneficia a un agente aduanal para dejar sin efectos un crédito fiscal fincado por el Administrador de la Aduana de Manzanillo, pero es un precedente que evidencia la fragilidad jurídica de la operación de la ANAM y podría ser utilizado por otras empresas para ganar litigios en materia fiscal y de comercio exterior.
“Las atribuciones del SAT le fueron asignadas por el Poder Legislativo a través de la ley que lo rige, con el propósito de que fueran de su ejercicio exclusivo, auxiliándose únicamente para ello de las unidades administrativas que le estarían adscritas y subordinadas”, explicó el tribunal que revisó el caso.
“De esta manera, la dotación de esas atribuciones a la ANAM, en su calidad de órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el Presidente de la República realizó por la vía de su Reglamento Interior, carece de asidero en la ley que pretende reglamentar.
Por el contrario, abiertamente contraviene las disposiciones de la ley, lo que es contrario al principio de subordinación jerárquica”, agregó.
En julio de 2021, cuando emitió el decreto de creación de la ANAM, el Ejecutivo incluyó un artículo transitorio, que aclaraba que el nuevo órgano sólo funcionaría hasta que el Congreso aprobara los cambios a la Ley del SAT.
Pero en una reforma de diciembre del mismo año, López Obrador abrogó el decreto de julio, militarizó la operación de las aduanas, y ya no hizo mención de que fuera necesario aguardar alguna reforma legal para el funcionamiento de la ANAM.
Con ello, las aduanas del País quedaron bajo control de las Secretarías de Defensa y Marina, y el Presidente también autorizó a los militares crear fideicomisos que reciben recursos del trámite aduanero, que siempre habían sido para el SAT. Al cierre de septiembre, sumaban 58 mil millones de pesos.
El Gobierno podría intentar un recurso ante la Corte, pero con riesgo de generar un precedente más grave.
Con información en El Diario de Coahuila.
