La Corte Suprema admitió un acto de reclamación promovido por Presidencia contra la no aplicación del Plan B en las elecciones de este año (SCJN)
La lucha alrededor Plan electoral B se queda en el Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahora que uno ha sido admitido desafío contra la no aplicación de primer paquete de reformas en las elecciones que se realizarán este año en el Estado de México y Coahuila.
Estos actos de reivindicación fueron promovidos por el Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República así como por el presidente del Senado, Alejandro Armenta y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán, contra la suspensión que fue concedido por el ministro Alberto Pérez Dayán en el sentido de que dos reformas impugnadas no son aplicables en los procesos electorales en curso.
Se trata de la reformas a la Ley de Comunicación Social ya la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Con estas leyes, un limitación de gastos dedicado a la propaganda gubernamental en los gobiernos locales, hecho que llevó a los municipios a presentar impugnaciones en contra de esta reforma.
Además, surge la posibilidad de que trabajadores publicos pueden enviar sus informes responsabilidad siempre y cuando no se destaquen los nombres, imágenes, voces o símbolos de los servidores públicos de forma personalizada.
El ministro de la Corte Suprema dijo que estas reformas no se aplicarán desde que fueron publicadas durante la veda electoral argumentando además que si se aplican podría causar “daño irreparable al sistema democrático ya los derechos fundamentales involucrados” en el proceso electoral.
Aunque ha admitido otros recursos promovidos por municipios principalmente, no concedió suspensiones por la no aplicación de las reformas, bajo el argumento de que no se realizarán elecciones. Bajo ese argumento, el segundo paquete de reformas que componen el Plan electoral B que se publicaron el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tampoco podrán aplicarse en las elecciones de este año.
A partir de ese entró a la fuerza, estas reformas pueden ser impugnadas en un plazo de 30 días. Si bien sus efectos ya se han dejado sentir en el Instituto Nacional Electoral (INE), principalmente por la destitución del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molinaquien, por cierto, ya ha solicitado un amparo para ser reintegrado.
Paralelo, casi 150 trabajadores del INE se defendieron del Plan B con el apoyo de la firma Trusan & Roma Abogados, cuya defensa, se dijo, apunta a “evitar la pérdida de sus fuente de empleo y los diversos beneficios que tiene la institución.”
El INE ya ha promovido un litigio constitucional contra las dos primeras leyes del Plan Bque fue admitido a trámite por el Corte; pero el fin de semana Lorenzo Córdovaconsejero presidente de este organismo electoral, anunció que el litigio contra estas reformas continuará.
Con información de infobae.
