Con la proximidad del día en que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación distribuirán los escaños en la Cámara de Diputados, así como la aprobación de un conjunto de reformas constitucionales, organismos del sector privado expresan su inquietud por la posible aprobación de estas reformas y la sobrerrepresentación.
Por una parte, las Empresas Globales —que agrupan a 60 grandes compañías que representan el 40% de la Inversión Extranjera Directa en México— dijo que si bien reconocen la necesidad de tener un sistema judicial más transparente y eficiente es necesario que cualquier cambio “consolide la separación de poderes”.
Piden hacerle ajustes al proyecto de reforma de manera que haya independencia de la judicatura para que los jueces resuelvan con imparcialidad y sin intromisiones indebidas.
Planteó procesos imparciales y equitativos de selección y nombramiento para que sean personas íntegras e idóneas; “respeto a las condiciones de servicio e inamovilidad de los jueces, que garanticen su independencia y derechos”.
Así como no limitar constitucionalmente “los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en la suspensión”.
Empresas Globales consideró que es necesario que haya un período de implementación razonable que salvaguarde la impartición de justicia y el Estado de derecho, así como directrices claras.
Asimismo, advirtió que la reforma no puede ir en contra de las obligaciones que prevén tratados internacionales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
ANTAD: Órganos legislativos deben incluir a todas las voces
Por otra parte, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), dijo que la conformación de los órganos legislativos debe asegurar que todas las voces participen en el debate legislativo, se proteja a las minorías, la diversidad de opiniones y se promueva la democracia.
Agregó que debe garantizarse la pluralidad política, la proporcionalidad y el equilibrio e independencia entre los poderes de la Unión.
Pidió a las autoridades electorales “que la asignación de diputados de representación proporcional se decida con base en una lectura sistemática e integral del artículo 54 constitucional que establece, por un lado, las limitantes de los partidos para tener una sobrerrepresentación en el Congreso -no mayor al 8% respecto de los votos obtenidos en las urnas ni contar con más de 300 diputados…”
Con información El Diario de Coahuila.
