La bancada de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que buscarán modificar el dictamen que crea la Fiscalía General de la República, pues de dejarla como la avaló el Senado, se daría pie a tener un «fiscal carnal», debido a que no se cambió el artículo 102 constitucional.
El coordinador Juan Carlos Romero Hicks, aseveró que exigirán un análisis más a fondo y la modificación al artículo 102 constitucional, para garantizar su debida autonomía e independencia.
«La pregunta que todos debemos hacernos es cómo vamos a juzgar al Presidente de la República de un delito de corrupción si al fiscal anticorrupción lo designa el Fiscal General y a éste lo nombra el presidente. Sin duda, esta es la maquinaria del fiscal carnal del presidente», señaló en un comunicado.
Romero Hicks asentó que harán un llamado a sus pares para que quepa la sensatez, y acepten hacer los ajustes necesarios a fin de evitar que la nueva fiscalía nacional se convierta en un instrumento político del gobierno en turno.
De acuerdo con lo aprobado para la designación del Fiscal General de la República (FGR), se integrará un listado de al menos 10 candidatos, aprobada por las dos terceras partes de los miembros del Senado, y después la enviará al Ejecutivo federal, quien integrará una terna para devolverla a éste, y de la cual en votación saldrá un solo elegido, algo que constituye un ejercicio de democracia “dirigida”, ya que a la fecha en algunos círculos se menciona incluso el nombre del destinatario, detalló.
«El nuevo gobierno y su mayoría parlamentaria debe entender que para garantizar la justicia y la legitimidad de una investigación, es necesario dotar de autonomía al fiscal General de la Nación, de otra forma estarán avalando lo que tanto criticaron hace tan sólo unos meses cuando el gobierno actual pretendía elegir a un fiscal carnal», precisó.
El panista refirió que la ley orgánica también deja en manos del presidente, las causas de remoción del fiscal, ya que estarán sujetas a lo que considere el jefe del Ejecutivo federal, como «incumplimiento reiterado con los fines institucionales o simplemente cuando participe, tolere, consienta o apoye violaciones graves de derechos humanos».
