La Cámara de Diputados dio su respaldo unánime, con una votación de 420 a favor, a la promulgación de una legislación integral sobre Alimentación Adecuada y Sostenible.
El proyecto, que será enviado al Ejecutivo Federal, tuvo algunos cambios con respecto a lo aprobado por el Senado de la República.
Entre otras medidas, contempla que los establecimientos comerciales tendrán prohibido desechar alimentos que se encuentren en condiciones de ser consumidos por seres humanos.
Define como “desperdicio de alimentos”, los productos de ese tipo descartados, aunque sigan siendo comestibles y adecuados para el consumo humano y que terminan siendo eliminados como “residuos”, cuando no hay otras alternativas para su uso.
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA
La norma aprobada establece los principios y bases para la promoción, protección y garantía del ejercicio del derecho a la alimentación adecuada.
Prevé mecanismos de planeación, coordinación y competencia entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para cumplir el cometido de que toda la población tenga una alimentación adecuada.
Indica que la autoridad promoverá la producción, abasto, distribución justa y equitativa, así como el consumo de alimentos nutritivos, de calidad, inocuos y adecuados.
Contempla medidas para evitar el desperdicio de alimentos, e impedir que particulares priven a las personas del acceso a la alimentación adecuada.
En el artículo 55, se señala que los comercios procurarán evitar que se desechen alimentos en condiciones de ser consumidos por los seres humanos.
Promoverá la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentarias.
Establece que toda persona en lo individual y lo colectivo tienen derecho a la alimentación adecuada, a tener a su disposición alimentos a diario, en cantidad suficiente y conforme a las necesidades específicas.
SISTEMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN
Crea el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, SINSAMAC, por sus siglas.
Dicho organismo será la instancia de colaboración entre gobiernos, ciudadanos y comités de alimentación, para promover políticas y medidas que impulsen la promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la alimentación adecuada.
El Sistema podrá “opinar” sobre la fijación de precios de alimentos nutritivos, en especial de los que formen parte de las “canastas normativas regionales”.
El titular del Sistema será el Presidente de la República; el director o directora será quien encabece la Secretaría de Salud. Contará con un Consejo Nacional, Consejos Estatales, Consejos Municipales y de las Demarcaciones Territoriales; así como Comités de Alimentación.
Al presentar el dictamen, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nélida Ivonne Sabrina Díaz, expuso que de acuerdo a organismos internacionales, México está al borde de una crisis alimentaria.
“De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, México se dirige a una crisis alimentaria sin precedentes, pues de 2016 a 2020, la carencia alimenticia creció en más de 28 millones. La situación es tan grave que más de 14 causas de mortalidad y de hospitalización más común se relacionan con una mala alimentación”, alertó.
De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, más del 60 por ciento de los hogares mexicanos tiene algún tipo de inseguridad alimentaria.
La reforma, remarcó, establece la responsabilidad del Estado de poner en marcha políticas públicas que aseguren acceso equitativo de alimentos nutritivos, su disponibilidad física y su accesibilidad económica.
Deberá asegurar condiciones para una producción suficiente de alimentos y fomentar las formas de producción a pequeña escala.
CAMBIOS AL DICTAMEN
La minuta proveniente del Senado tuvo cambios, para establecer que los productores y distribuidores de alimentos procesados, deberán tener en consideración la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, cuando sus productos estén hechos con ingredientes que de forma directa provengan del uso de organismos genéticamente modificados, también llamados “transgénicos”.
No obstante, en el Pleno se aprobó eliminar la denominación de la Ley de Bioseguridad.
También, bajar de 30 a 15 el porcentaje, respecto a la obligación de los entes de gobierno, de incorporar a sus compras oficiales, alimentos e insumos primarios directamente a productores de pequeña y mediana escala, cuando estos cumplan los requisitos previstos en la ley, todo ello, con límite en el presupuesto aprobado para las entidades públicas.
Aunque las modificaciones señaladas habrían obligado a los legisladores a regresar al Senado la minuta, se decidió enviarla en forma de proyecto de decreto al Ejecutivo Federal.
Con información de medios y Vanguardia.
