La Comisión de Justicia del Senado de la República ha respaldado mayoritariamente la capacidad de las candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el puesto vacante como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la renuncia de Arturo Zaldívar.
Con 12 votos a favor, gran parte de Morena y aliados; además de cinco votos en contra por parte de la oposición; así como abstención por parte de la senadora Claudia Ruiz Massieu.
Durante la sesión extraordinaria presidida por la legisladora morenista Olga Sánchez Cordero, las y los senadores escucharon los motivos y fundamentos de Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama, y María Estela Ríos González, por los que desean ocupar el cargo en el Máximo Tribunal.
En un total de seis horas de comparecencias, se determinó aprobar el dictamen de idoneidad, mismo que ya fue remitido a la Mesa Directiva del Senado de la República.
Por lo que la Presidencia de la Mesa Directiva, será la encargada de enviar la terna al pleno, donde los tres perfiles se pondrán a consideración de legisladores, por lo que tendrá que ser aprobado por mayoría calificada en el Pleno.
¿QUÉ DIJERON LAS ASPIRANTES?
Ante la Comisión de Justicia del Senado, Bertha María Alcalde Luján reconoció tener coincidencia al “respecto a los principios y valores”, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque la Comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), negó que esto represente un conflicto de intereses, mencionando que dichas coincidencias permitirán construir en lugar de destruir.
“No voy a negar que hay coincidencia con respecto a los principios y los valores del actual gobierno, y esto tiene una lógica, que el presidente proponga una persona que esté acorde a sus principios y valores. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que cuando hay coincidencia en principios y de valores democráticos, pues estas coincidencias construyen y ayudan, no necesariamente destruyen, y eso es muy importante”, señaló Alcalde Luján y añadió que cumplirá a cabalidad con su responsabilidad de ser imparcial para lograr revisar en profundidad cada caso que reciba.
“Analizar caso por caso, no con ideas preconcebidas, analizar los hechos, los derechos, revisar posibles precedentes, y fundamentalmente analizar los medios de prueba o elementos probatorios que se presenten, esa es la forma de actuar con imparcialidad y garantizar la autonomía, valorando caso por caso y excusándome cuando tenga que excusarme si hay algún conflicto de interés”, sentenció la hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
Mientras que puntualizó “definitivamente deberíamos de ajustar los salarios (a los ministros), lo que me parece fundamental para dotar de legitimidad al poder judicial”.
Por otro lado, Lenia Batres Guadarrama arremetió contra las y los ministros del Máximo Tribunal, acusándoles de invadir las facultades del Poder Legislativo y violentar el principio de actuación democrática; además, lamentó las resoluciones sobre el “Plan B” Electoral, la distribución de libros de texto gratuitos, los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Hablando de división de poderes, se establece que no podrán reunirse los poderes legislativos, ejecutivo, y Judicial en una sola persona o corporación, y cuando el Poder Judicial actual legislando, abrogando leyes completas aprobadas por el Poder Legislativo, con base en principios que él mismo definió, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional”, declaró la hermana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.
La actual Consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federalseñaló que el PJF ha violado la Ley al otorgar suspensiones “también ha violado a la Ley de Amparo que no le faculta para suspender actos del Poder Ejecutivo como la distribución de libros de texto gratuito, de manera general, en entidades de la República como sucedió en el estado de Chihuahua, durante un mes, y sigue sucediendo en el estado de Coahuila”, declaró.
“Cuando dice que le fallaron (AMLO), habla de que no acataron el tema de los salarios y no se impulsó una reforma Judicial, y yo lo que veo cuando el Ejecutivo propone a las personas más cercanas que conoce, como son los casos, pues es justamente porque sabe, sin ni siquiera habérnoslo preguntado, pero lo sabe porque lo hemos manifestado, que estamos de acuerdo con estos temas y que nos va a ser obvio trabajarlos en su caso”, expresó.
Para finalizar la terna, María Estela Ríos González negó que su cargo como Consejera Jurídica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sea motivo de no elegibilidad, tal y como lo planteó al inicio de la sesión, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural.
Explicó que la Constitución establece que ningún Secretario de Estado, en funciones o con menos de un año de haber dejado el cargo, puede participar en la terna para ministra o ministro del máximo tribunal; sin embargo, aclaró que su puesto no es equiparable al de una Secretaría de Estado.
“Habría que señalar que no se puede hacer una distinción donde la Constitución no lo hace, ni se puede aplicar una interpretación extensiva cuando la Constitución no la hace, porque sería violatoria de un derecho. En la Constitución se distingue muy bien a los secretarios de Estado y la consejería jurídica, a lo mejor si me hubiera gustado, pero no lo soy, y no lo soy porque la Secretarías de Estado son órganos público-administrativos encargados de las políticas públicas, mientras que en la consejería jurídica mi labor es técnico-jurídica, no una labor político-administrativa”, expuso Ríos González
Previamente, Germán Martínez solicitó una moción paracancelar la elegibilidad de Ríos González, al considerar que el cargo de Consejera Jurídica es equiparable a Secretaria de Estado, lo que le impide competir por el cargo.
Al respecto, la funcionaria advirtió que si el Senado dan por cierta la propuesta del senador del grupo plural, estarían violando su derecho y violando la propia Constitución.
Con información Vanguardia.
