Por medio de un comunicado oficial, la ONG Amnistía Internacional se unió a los ya reiterativos llamados para que el Gobierno de Estados Unidos imponga más controles sobre el financiamiento que provee a Colombia para la compra de armas que, como ha quedado plasmado en videos e imágenes, están siendo usados por miembros de la fuerza pública para reprimir la protesta social.
“A la luz de pruebas visuales verificadas por Amnistía Internacional confirmando que armas y equipo de Estados Unidos se están utilizando indebidamente para cometer violaciones de los derechos humanos contra los manifestantes en Colombia, la organización pide al secretario de Estado Blinken que cese inmediatamente el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de equipo utilizado para la represión”, señaló la organización.
La misma fue tan lejos como para mencionar algunas categorías, como armas pequeñas, escopetas y munición relacionada; equipo denominado como “menos” letal, como gases lacrimógenos, proyectiles y lanzadores para el control de disturbios; vehículos blindados y tecnologías de vigilancia de doble uso e incluso iniciativas de formación y entrenamiento. Además, citaron de forma directa el lanzagranadas de alta capacidad Venom y el lanzagranadas manuales Penn Arms, ambos fabricados por la empresa estadounidense Combined Systems.
Sobre el tema se pronunció Philippe Nassif, director de incidencia política de Amnistía Internacional Estados Unidos, quien advirtió que, “el papel de Estados Unidos en el fomento de los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es escandaloso”. Igualmente, señaló que, “el Gobierno de Estados Unidos ha tenido una angustiante participación en los asesinatos, las desapariciones, la violencia sexual y otras torturas, y la horrenda represión de decenas de manifestaciones, en su mayoría pacíficas”.
En ese sentido, los datos citados por la propia organización hasta el 9 de mayo dan cuenta de la muerte de 47 personas, 39 de ellas en el marco de la represión violenta de la policía colombiana, 1.876 actos de violencia policial, 963 detenciones, 28 víctimas de lesiones oculares y 12 casos de violencia sexual. A estos se sumaban otras 168 solicitudes activas de personas desaparecidas, así como otras denuncias de tortura, malos tratos, palizas y agresiones por parte de civiles armados, muchas de ellas en presencia de la policía.
Valga señalar que, de acuerdo con Indepaz, al 18 de mayo se habían registrado en el país 51 asesinatos, de los cuales 43 tendrían autoría directa de la fuerza pública; 18 denuncias de violencia sexual perpetrada por miembros de instituciones como la Policía Nacional, 33 víctimas de heridas en los ojos y 2.387 casos de violencia policial.
Con todo, Nassif señaló que, “la suspensión de las armas debe mantenerse hasta que las fuerzas de seguridad colombianas cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, se investiguen los abusos de forma independiente e imparcial, y que hay total rendición de cuentas por todas las violaciones de los derechos humanos que han cometido las autoridades colombianas, con el apoyo de Estados Unidos. El secretario Blinken tiene el poder de detener el miedo y el terror que están soportando los manifestantes colombianos, y debe hacerlo inmediatamente”.
Un llamado similar hizo la semana pasada José Manuel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, quien dijo que, “nosotros estamos abogando porque se condicione la ayuda fuertemente, a requisitos básicos y muy concretos en materia de derechos humanos”.
También el congresista estadounidense Jim McGovern, que a lo largo de las últimas semanas ha lanzado una serie de dardos a la posición que ha tomado el gobierno Duque frente a las protestas, llegando incluso a decir que, “la protesta pacífica y la libertad de expresión deben respetarse en todas partes. La ayuda estadounidense a la PNC (Policía Nacional) necesita fuertes condiciones y protecciones de derechos humanos. Deberíamos aplicar la Ley Leahy. No hay ayuda estadounidense a las unidades antidisturbios del ESMAD colombianas que cometan graves violaciones de derechos humanos”.
Información por INFOBAE.
