La Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido una orden de captura contra Francisco García Cabeza de Vaca, actual gobernador del Estado mexicano de Tamaulipas, según han informado fuentes federales a EL PAÍS. Tras varias semanas de confusión y un agotador juego de esgrima político en los congresos federal y estatal, un juez accedió finalmente a la petición de la agencia investigadora para su detención. La Fiscalía acusa a Cabeza de Vaca de delincuencia organizada y lavado de dinero. El Instituto Nacional de Migración ha emitido el miércoles por la noche una orden migratoria contra el gobernador para evitar su fuga.
En un comunicado divulgado a través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal ha criticado a la Fiscalía y ha insistido en que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas. “Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores (…) sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en declive”, ha dicho Cabeza de Vaca. “Como he hecho desde que esta andanada política comenzó, me defenderé ante estas falsas acusaciones (…) Este país no es la nación de un solo hombre”, ha añadido. Una fuente del Gobierno estatal ha asegurado a este diario que el gobernador no ha salido del Estado. “Incluso ha tenido reuniones en Casa Tamaulipas en el curso de la tarde”, ha dicho, en referencia a la sede del Gobierno local, en la capital, Ciudad Victoria.
Acostumbrados a la condición de intocables, es raro que los gobernadores en activo enfrenten una orden de arresto. Durante décadas, el fuero de los altos funcionarios hacía casi imposible que la justicia pudiera alcanzarlos. En el caso de Cabeza de Vaca, dirigente del conservador Acción Nacional (PAN), las denuncias de la Fiscalía habían encontrado resistencia en el Congreso de Tamaulipas, que rechazó quitarle el fuero al gobernador a pesar de la orden de la Cámara de Diputados federal. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, que falló a favor del gobernador.
La decisión del tribunal llegó envuelta sin embargo de un aura ambigua, que confundió a unos y otros. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, asumió que el fallo dejaba vía libre a la Fiscalía para actuar. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Corte, señaló que la decisión dejaba una “laguna jurídica”. Entremedias, la prensa aireó el enfado del fiscal general, Alejandro Gertz, ante la inconcreción de la Corte. Al final, la Fiscalía convenció al juez que veía la petición.
La decisión del magistrado abre así un camino desconocido. En febrero, la Fiscalía informó de las denuncias en contra de Cabeza de Vaca por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Las pesquisas habrían nacido de dos indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. En las denuncias, los investigadores señalan que el político acumuló una fortuna de más de 900 millones de pesos (37 millones de euros), monto superior a los sueldos que ha cobrado estos años.
En el documento que la FGR envió a la Cámara de Diputados para justificar su desafuero, divulgado por el diario Reforma, la dependencia señalaba que Cabeza de Vaca, gobernador desde 2016, había “amasado una fortuna millonaria” aprovechándose de su posición. Antes del Gobierno estatal, el político había sido senador, diputado y presidente municipal de Reynosa. “Durante el periodo de 2016 a 2019, el investigado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en su calidad de gobernador del Estado de Tamaulipas, conformó una organización y diseñó un esquema que fue operado desde el interior del propio Gobierno de esa entidad con la intención de beneficiar a familiares y terceros con recursos públicos, a través de licitaciones, para posteriormente dispersarlos a través de personas morales, socios y beneficiarios directos para blanquear dichos recursos”, rezaba el escrito de la FGR.
El miércoles, el titular de la UIF, Santiago Nieto, se ha hecho eco de la noticia y ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter: “He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables. Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco G o del Gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias correspondientes”.
El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se ha referido igualmente al asunto en la red social. “Insólito: orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto. Ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe”.
Información por EL PAÍS.
