La situación de violencia y abuso de la autoridad que viene atravesando Colombia desde el pasado 28 de abril sigue preocupando a numerosas organizaciones nacionales e internacionales, que en la tarde del viernes pasado le solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a hacer más por el país que simplemente emitir un comunicado condenando los hechos.
De acuerdo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, un total de 650 organizaciones de la sociedad civil, tanto de Colombia como de otros países como Ecuador, Guatemala, Cuba, Estados Unidos, Europa y hasta Venezuela han emitido pronunciamientos pidiendo mayor atención a lo que pasa en Colombia y hasta una petición para que la CIDH haga una visita presencial al país para que investigue a profundidad los hechos de represión contra la protesta social.
“Solicitamos al Estado cesar de manera inmediata el uso arbitrario y excesivo de la fuerza para evitar mayores vulneraciones a los derechos humanos de la población. Asimismo, teniendo en cuenta el importante rol que la comunidad internacional puede tener ante esta situación, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que solicite la anuencia del Estado para visitar el país e instalar un mecanismo independiente de expertas y expertos que colabore con la investigación de lo ocurrido”, manifestó dicho organismo este 7 de mayo por medio de un comunicado oficial.
En el mismo, el Cejil recuerda que las protestas no sólo están relacionadas con la ya retirada reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque, sino también con la crisis económica que atraviesa el país a causa del manejo que se le dio a la pandemia del covid-19 desde el ámbito estatal, la propia situación sanitaria en la que se encuentra Colombia; y hasta el aumento en el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Valga anotar que, de acuerdo con Indepaz, sólo en 2021 han muerto de forma violenta un total de 57.
No obstante, agregan, las manifestaciones se han convertido también en un escenario para el uso desproporcionado de armas de fuego por parte de la Policía Nacional y hasta para la intervención de las fuerzas militares. “Ello ha dejado decenas de personas sin vida y resultado en detenciones arbitrarias, judicializaciones, actos de violencia sexual, desaparición de personas, cientos de heridos y un sin número de denuncias de abuso policial”.
En ese sentido, el último reporte de la Defensoría del Pueblo, organismo oficial, da cuenta de 26 homicidios y 145 personas desaparecidas, de las cuales ya han sido ubicadas 55. No obstante, otros informes como el de Temblores ONG indican que en total se han registrado 1.728 casos de violencia policial, incluidos 234 víctimas de violencia física, 37 de violencia homicida, 11 de violencia sexual y 934 casos de detenciones arbitrarias. Todas, a manos de la fuerza pública.
Las agresiones, denunciaron esas 650 organizaciones, se han extendido incluso en contra de la prensa y personas defensoras; y hasta han contado con el apoyo “de funcionarias, funcionarios y figuras públicas, que alientan el uso de armas letales”, sin que hubiera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades nacionales, rechazando el uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas.
Dichos argumentos, sumados a otros legales como el derecho a la libertad de expresión y de asociación, la legitimidad de las manifestaciones y la ausencia tanto de la misma como del principio de proporcionalidad que rigen al uso de la fuerza, la comunicación elevó un llamado “al Estado colombiano al cese inmediato del uso de la fuerza y al uso de armas letales y no letales, al cese de la violencia sexual como castigo y tortura y atender sus obligaciones internacionales en relación con el derecho a la protesta, incluyendo su obligación de respetar, proteger y facilitar las condiciones para el ejercicio de este derecho”.
Igualmente, reiteró la petición a la CIDH de “realizar una visita al país para verificar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, así como el estado de impunidad y la falta de investigación de hechos similares ocurridos en los años anteriores”, para lo que se recomienda también establecer un mecanismo independiente en el terreno para colaborar con las autoridades nacionales en la pesquisa, que no solo esclarezca lo ocurrido, sino que también recomiende medidas que contribuyan a la no repetición de los mismos.
Información por INFOBAE.
